A partir de este sábado, la provincia de Córdoba cuenta con un marco legal adaptado al nuevo Régimen Penal Juvenil. La adecuación provincial se produce a partir de la entrada en vigencia de la Ley nacional 27.801, una normativa que viene a reemplazar el obsoleto esquema que regía en todo el territorio argentino desde 1980 y que establece un sistema específico de responsabilidad penal para adolescentes de entre 14 y 18 años.
Con la implementación de esta reforma, un adolescente de 14 o 15 años que sea acusado de cometer un delito podrá ser sometido formalmente a un proceso penal en la provincia. Sin embargo, las autoridades judiciales han aclarado que la incorporación de los menores a este sistema no implica, bajo ningún concepto, que todos los casos terminen de manera automática en una privación de la libertad. Las medidas a adoptar deberán determinarse de acuerdo con la gravedad del hecho, las circunstancias del caso y la situación particular del adolescente, quedando la decisión final a cargo de los jueces que intervengan en cada causa.
Justicia restaurativa y herramientas socioeducativas antes que la cárcel
El nuevo espíritu de la ley penal juvenil prioriza de manera absoluta las medidas socioeducativas, las prácticas de justicia restaurativa y las respuestas alternativas que permitan que el adolescente continúe con su educación formal y pueda avanzar en un proceso efectivo de reintegración social. El objetivo primordial es evitar la estigmatización y el encierro temprano, promoviendo la responsabilidad del joven frente al daño causado.
Entre las herramientas procesales previstas en la nueva legislación aparecen las prohibiciones de acercamiento o contacto con las víctimas, las restricciones para concurrir a determinados lugares, la reparación del daño, las amonestaciones judiciales y la prestación de servicios a la comunidad. Asimismo, se contemplan esquemas de acompañamiento a través de equipos interdisciplinarios, asistencia escolar obligatoria, formación ciudadana, capacitación laboral, actividades deportivas y culturales, y tratamientos médicos o psicológicos cuando la situación particular lo requiera.
Límites estrictos a las penas de encierro y monitoreo electrónico
Para aquellos casos de mayor complejidad, el sistema judicial podrá incorporar el monitoreo electrónico y un esquema de acompañamiento permanente mediante supervisores especializados. La privación de la libertad se mantiene bajo el principio de estricta excepcionalidad, figurando en la normativa como el último recurso disponible para los magistrados.
Cuando la gravedad del delito haga inevitable el encierro, los adolescentes deberán permanecer obligatoriamente en establecimientos especializados y completamente separados de la población carcelaria adulta. Para ello, el régimen contempla el uso de institutos abiertos, centros especializados de detención y el arresto domiciliario. Como límite de severidad, la normativa establece un máximo de 15 años de privación de la libertad y prohíbe taxativamente la aplicación de penas de prisión o reclusión perpetua para los menores de edad.
La SeNAF local asumirá el control y seguimiento de las medidas
En el territorio de la provincia de Córdoba, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF) asumirá un papel central y estratégico en la implementación práctica del nuevo sistema. El organismo estatal será el encargado directo de gestionar los programas socioeducativos, coordinar las prácticas de justicia restaurativa, administrar los centros de alojamiento especializados y garantizar el acompañamiento y seguimiento de los adolescentes alcanzados por las medidas judiciales.
Para lograr una reinserción efectiva, la SeNAF deberá articular de manera orgánica y permanente diversas acciones con municipios, comunas, establecimientos educativos, organizaciones sociales y áreas de salud locales, descentralizando el abordaje de la minoridad en conflicto con la ley penal bajo este nuevo paradigma que rige desde este fin de semana.
