La emblemática fábrica de tractores Pauny, radicada en Las Varillas, atraviesa el momento más crítico de su historia reciente. En apenas una semana, la hemorragia financiera de la empresa no ha hecho más que agravarse: según los registros oficiales del Banco Central de la República Argentina, los cheques rechazados saltaron de 143 a 168, elevando la deuda bancaria de $1.000 millones a un total de $1.237,9 millones. El escenario paraliza a la región y mantiene en vilo a cientos de familias que dependen directamente de la firma.
Incumplimientos salariales y un conflicto social en escalada
La situación productiva es nula y la tensión social va en aumento. Durante los últimos días se desarrollaron dos asambleas en la delegación Las Varillas de la Secretaría de Trabajo de la Provincia de Córdoba, sin que los directivos de la empresa presentasen un plan concreto para cancelar las deudas laborales o garantizar la continuidad operativa. La firma, que supo liderar el mercado nacional de maquinaria agrícola, se encuentra hoy en una parálisis total.
A la abultada deuda financiera se suma el drama de los trabajadores. Los 450 operarios de la plantilla llevan tres quincenas consecutivas sin percibir sus haberes —correspondientes a la segunda mitad de septiembre y ambas quincenas de octubre—. Con un haber promedio estimado en $700.000 por quincena según fuentes gremiales, la deuda salarial acumulada roza los $1.000 millones, sin computar el atraso en el pago de cargas sociales y contribuciones patronales. Ante la falta de respuestas, los empleados, respaldados por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), encabezaron nutridas protestas que marcharon hacia la Municipalidad local, donde funciona la sede laboral.
El colapso del plan de crisis y el fantasma del cierre
Antes de la parálisis absoluta, Pauny operaba bajo un esquema de suspensiones acordado dentro de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) avalado por el gremio metalúrgico. El régimen preveía tareas solo tres días a la semana (miércoles, jueves y viernes) con el cobro del 75% del salario base. Sin embargo, la semana pasada la dirección intentó suspender de forma unilateral toda la actividad pidiendo al personal que no concurriera por falta de insumos y trabajo, medida que fue rechazada por la UOM al exigir la presentación del personal en la planta.
Frente al silencio del presidente de la empresa, Raúl Giai Levra, y la ausencia de un plan de salvataje con fondos propios, las miradas del sector productivo apuntan hacia la llegada de un inversor externo como la única vía de escape para evitar la quiebra definitiva de la histórica planta varillense.
