El intendente Eduardo Accastello encabezó un Gabinete Ampliado en el barrio San Martín, supervisando avances y dialogando con vecinos. Durante la jornada, reafirmó el compromiso municipal con el desarrollo urbano y la mejora de la infraestructura local.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) ha emitido una contundente denuncia contra la emisora estatal en Córdoba. La organización alerta sobre la vulneración del derecho a la información de las audiencias locales.
El juez federal Daniel Rafecas avanza en la investigación contra el diputado provincial por La Libertad Avanza, Francisco Adorni. Se le imputan presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en sus declaraciones juradas.
El Concejo Deliberante aprobó la instalación de una base para la Policía Antinarcotráfico. La medida busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en la ciudad.
La exauditora General de Villa María, Alicia Peressutti, ha rechazado el requerimiento de elevación a juicio presentado por la fiscal Juliana Companys. Peressutti sostiene que la causa responde a una 'persecución judicial y política' y que la investigación aún está abierta.
La nueva normativa provincial establece un marco legal robusto para apoyar la autogestión obrera. Busca garantizar la sostenibilidad de los puestos de trabajo y la recuperación de unidades productivas.
El Gobierno de Córdoba extiende la convocatoria hasta el 18 de julio, buscando integrar a desempleados mayores de 26 años al mercado laboral. La iniciativa apunta a generar oportunidades de formación y experiencia remunerada en la provincia.
La fiscal Juliana Companys solicitó elevar a juicio la causa que involucra a la exauditora de Villa María y a la intendenta de Ballesteros, entre otros. La investigación también apunta a exdirectivos de la Asociación Nazareth.
El Comisario Mayor tomará el mando de la Policía de Córdoba en la región. Su designación oficial se concretó a principios de mes, marcando un nuevo capítulo para la seguridad local.
El concejal Manuel Sosa rechazó la renovación del contrato por casi $200 millones, argumentando falta de inversión en el terreno durante seis años. La decisión, aprobada por el oficialismo, genera debate sobre el uso de fondos públicos.
